Pronunciamiento ante llamados a golpe militar y a ataques armados

El Poder Ciudadano como parte del Poder Publico Nacional, cuyo órgano de expresión es el Consejo Moral Republicano, tal y como lo establece el articulo 273 constitucional, teniendo como función el promover entre otros valores la solidaridad, la libertad, la democracia y la responsabilidad social, en los términos establecidos en el articulo 274 de nuestra Carta Magna y actuando en concordancia con lo establecido en el articulo 9 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y en la defensa de los principios fundamentales establecidos en el Titulo 1 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en especial a los valores supremos y fines del Estado, contenidos en su articulo 1, el cual contiene los principios de soberanía, inmunidad y autodeterminación nacional, y su articulo 2 que establece que Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia, reconociendo a nuestra carta magna como norma suprema y fundamento de nuestro ordenamiento jurídico al cual todas las personas y los órganos del Poder Publico están sujetos.

Ante los insistentes llamados a la insurrección y golpe de estado, se dirige al país.

 

CONSIDERANDO

  1. Que en días recientes se han realizado numerosos llamados por varias vías a la insurrección y desconocimiento de las autoridades legales y legítimas del Estado venezolano, llegando al punto que el propio Presidente de la República ha denunciado el develamiento de conspiraciones con el fin de realizar atentados y sabotaje de las instituciones públicas con el objeto de dar un golpe de Estado.

2. Que en el marco de protestas y manifestaciones se han dado alteraciones del orden publico, ataque contra personas e instalaciones publicas y privadas, cuarteles y bases militares, así como abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de algunos funcionarios policiales o militares.

3. Que una aeronave adscrita al CICPC, presuntamente hurtada de la Base Aérea Francisco de Miranda en la ciudad de Caracas realizó sobrevuelo a los edificios sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, accionando disparos y lanzando granadas que puso en serio peligro la vida de servidoras y servidores públicos, así como de transeúntes que se desplazaban en zonas urbanas adyacentes a dichas instalaciones, todo lo cual constituye un acto que pudiéramos calificar de terrorista que pretendiendo así. La desestabilización socio política del país; así como atentar contra la paz ciudadana y los derechos humanos.

4. Que las ofensas al honor y reputación de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás servidoras y servidores públicos, así como la persecución a sus familiares, busca lesionar lo más sagrado del ser humano como es su patrimonio moral, siendo esta conducta una expresión de intolerancia y segregación ajena a nuestra gentilicio histórico como pueblo y nación.

Acuerda, en orden y a tenor de lo establecido en el único aparte del artículo 35 la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

RECOMENDAR:

  1. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: a mantener la institucionalidad y la defensa del Estado democrático social, de derecho y de justicia, con el respeto más absoluto a los derechos humanos, extremando las precauciones para preservar la vida e integridad de toda la ciudadanía, sin distinción de ningún tipo.
  2. A los cuerpos de seguridad del Estado y seguridad ciudadana: a mantener la institucionalidad y la defensa del Estado democrático social, de derecho y de justicia, extremando las precauciones en el correcto y legal uso de los equipos que les han sido asignados, a fin de preservar la vida e integridad de toda la ciudadanía, sin distinción de ningún tipo.
  3. A todos los operadores de justicia: a investigar y sancionar de manera oportuna con apego a la Constitución y las leyes, todos los delitos que se han cometido en los últimos meses en el mareo del llamado a golpe militar y desestabilización de las instituciones democráticas, evitando la impunidad.
  4. Al Ministerio Público: que realice las acciones o recursos a que hubiere lugar contra las personas responsables de los actos de insurrección, conspiración, alteración del orden público, llamado a golpe militar, instigación a delinquir, así como violaciones o menoscabo de los derechos humanos.


TAREK WILLIANS SAAB

Presidente del Consejo Moral Republicano

Defensor del Pueblo


MANUEL GALINDO BALLESTEROS

Contralor General de la República

 

Información Adicional