Pronunciamiento del Poder Ciudadano en defensa de la Constitución y la democracia venezolana

 

En mi condición de presidente del Consejo Moral Republicano, órgano de expresión del Poder Ciudadano, hago un pronunciamiento en defensa de la Constitución y la democracia venezolana. En el marco de las competencias constitucionales que tiene el Poder Ciudadano, debemos velar por los derechos y garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, obligados a defenderla en todo su contexto, garantizando el Estado social de Derecho y de Justicia como valor fundamental de nuestra Patria, y respetando el principio de legalidad contenido en el artículo 137 constitucional, que obliga a todos los órganos y entes que ejercen el Poder Público a enmarcar sus actos en la Constitución y las leyes, de lo contrario podría incurrirse en una usurpación de autoridad y las actuaciones que emanen de quienes ejercen la función pública serían nulas de toda nulidad, ineficaces, írritas y en consecuencia inexistentes en el mundo jurídico.

Se observa con preocupación cómo el Poder Legislativo por órgano de la Asamblea Nacional pretende constituirse de hecho en un suprapoder, desconocedor de nuestra Carta Magna, la cual como norma suprema, conforme con el artículo 7, relativo al Principio de Supremacía Constitucional, obliga a los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral que constituyen el Poder Público a colaborar entre sí en la realización de los fines del Estado, aunque cada una de sus ramas ostente funciones propias.

En este orden de ideas, el artículo 131 constitucional establece como deber de toda persona cumplir y acatar la Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público.

De existir controversias entre poderes públicos que puedan perturbar el Estado de Derecho o la paz social, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, será el máximo y último intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y velará por su uniforme interpretación y aplicación.

Solo es necesario dar lectura al artículo 335 constitucional, en el cual el constituyente patrio deja claro que únicamente el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional tiene la última palabra en cuanto a la manifestación de legalidad o ilegalidad de los actos legislativos o administrativos que emanen de cualquier otro Poder Público, órgano o ente.

El Poder Legislativo, por órgano de la Asamblea Nacional, en forma reiterada ha sancionado leyes y otros actos legislativos apartándose del marco constitucional y legal, inclusive del marco sublegal, pues ha resultado un hecho público y notorio la violación del Reglamento de Interior y Debates; es decir, su propia norma.

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, ha dictado varias sentencias apegadas a la competencia exclusiva y excluyente que le da el artículo 335 de la Carta Magna, sentencias de carácter vinculante para las demás salas del mismo Tribunal Supremo de Justicia y todos los tribunales de la República.

El Máximo Tribunal de la República ha declarado la nulidad de leyes y otros actos legislativos sancionados arbitrariamente por la Asamblea Nacional, porque coliden con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y son violatorios de los principios de la garantía a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, de la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, según el artículo 2 constitucional.

En consecuencia, el Poder Legislativo ha vulnerado los fines esenciales a la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución nacional en su artículo 3. Cabe destacar que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

El día jueves 28 de julio de 2016, la Asamblea Nacional juramentó e incorporó a los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guaruya y Romel Guzamana como diputados por el estado Amazonas, creando con ello un precedente contra la institucionalidad y la preservación del Estado de Derecho, al desacatar la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta acción induce a la provocación de una crisis política, socioeconómica y jurídica, con la cual el Poder Legislativo podría entorpecer la gobernabilidad del país, quizás con el fin de alterar la paz social, la ética pública y la moral administrativa. Las instituciones y el pueblo venezolano tienen la obligación suprema por mandato constitucional de vigilar los intereses generales de la República, conservar la paz y observar la recta aplicación de la Constitución y las leyes.

Se exhorta al Poder Legislativo, por órgano de la Asamblea Nacional, a reflexionar sobre las implicaciones que tiene para la vida política y social del país realizar actos en desacato a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional.

Es necesario llamarnos todos a la reflexión, venezolanas y venezolanos, que inclusive no forman parte de la Administración Pública, para que unidos en paz, armonía, humildad y objetividad podamos fortalecer el Estado democrático, social de Derecho y de Justicia consagrado en el artículo 2 constitucional.

Responsablemente, como venezolano y servidor público de la Patria, hago un llamado a fortalecer nuestra acción en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuenta y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la Constitución, la ley y el derecho.

Necesariamente debo concluir recordando, como siempre lo he hecho en estos escenarios, que la libertad y la independencia fundamentan su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad y justicia en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador, y otros doctrinarios que han surgido con posterioridad.

Por lo tanto, los derechos y deberes que otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son absolutamente irrenunciables, por lo que la nación es independiente, libre y soberana, y los principios de inmunidad, integridad territorial y autodeterminación nacional son la base principal para exigir que el Estado venezolano debe, por los siglos venideros, continuar siendo democrático y social, de Derecho y de Justicia.

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