ASAMBLEA NACIONAL NO TIENE COMPETENCIAS PARA DESTITUIR A MAGISTRADOS

El presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros explicó en rueda de prensa que la designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, hecha el pasado 23 de diciembre de 2015 por la antigua Asamblea Nacional está ajustada a derecho, por cuanto la misma está apegada a los principios de legalidad previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Manuel Galindo, aclaró que la remoción o destitución que pretende hacer la Asamblea Nacional (AN) no procede, por cuanto el órgano legislativo “no tiene competencias para destituir o anular el acto mediante el cual se designa un magistrado al Tribunal Supremo de Justicia”.

Explicó que los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, en cualquiera de sus salas, “sí están sujetos a remoción pero no a destitución y nulidad del acto que dio lugar en plenaria a su designación”, pero indicó que para ello, “existe un procedimiento y debe existir una calificación previa de falta grave”.

El presidente del órgano de expresión del Poder Ciudadano, advirtió que la remoción sólo pudiera existir cuando se realice un procedimiento y a través de éste se realice una calificación previa a las faltas graves que establece la Ley Orgánica del Poder Ciudadano en los artículos 32, 33 y 34, así como en el artículo 265 de la Constitución Nacional.

De acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Galindo Balleteros explicó que la AN tiene plena competencia para remover un magistrado al TSJ siempre y cuando, de manera previa el Poder Ciudadano, haya calificado tal o cual falta en los términos que establezca la ley. “Aun habiendo determinado la falta ese magistrado tiene derecho a la defensa en plenaria que es quien puede tomar la decisión”.

“No es competencia de la Asamblea Nacional destituir magistrados o anular el acto a través del cual fueron nombrados en diciembre, pero sí tiene con una mayoría calificada podrá remover en sesión plenaria previo al respeto del derecho a la defensa según lo dispuesto en la Carta Magna y las leyes”, recalcó

Con respecto a la Sentencia Nº 9 de la Sala Constitucional, que impide revisar y revocar a los magistrados designados en 2015, el contralor  dijo que “está apegada al principio de la legalidad, está ajustada al principio de supremacía constitucional”.

“El TSJ en sala constitucional, tiene la plena absoluta y única competencia como único y último interprete de las normas de carácter constitucional, debemos respetar y apegarnos a las sentencias emanadas de esa máxima sala del Tribunal Supremo de Justicia” dijo para terminar.

Prensa CMR

7/03/2016

 

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