DENUNCIAS - Procedimiento por falta de los funcionarios o las funcionarias de la Administración Pública

 

Procedimiento por falta de los funcionarios o las funcionarias de la Administración Pública

Se entenderá que los funcionarios o funcionarias públicos atentan contra la ética pública y la moral administrativa cuando cometen hechos contrarios a los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, puntualidad y transparencia.

  • La honestidad: obliga a actuar con probidad y honradez.
  • La equidad: obliga a actuar, respecto de las personas que demanden o soliciten sus servicios, sin ningún tipo de preferencias y solo en razón de la legalidad.
  • El decoro: impone la obligación de expresarse en un lenguaje adecuado y con respeto en la manera de conducirse durante el ejercicio de las funciones y tareas asignadas.
  • La lealtad: impone la obligación de respetar y ponderar, en el ejercicio de las funciones propias, la totalidad de los intereses públicos implicados, y la fidelidad, constancia y solidaridad para el ente en el cual presta sus servicios.
  • La vocación de servicio: implica que los funcionarios públicos o funcionarias públicas están al servicio de las personas.
  • La disciplina: comporta la observancia y estricto cumplimiento al orden legal establecido por parte de los funcionarios públicos o funcionarias públicas.
  • La eficacia: entraña el deber de todo funcionario público o funcionaria pública de dar cumplimiento óptimo y en el menor tiempo posible a los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromiso de gestión.
  • La puntualidad: exige de todo funcionario público o funcionaria pública que los compromisos, las tareas, encargos y trabajos asignados sean cumplidos dentro de los lapsos establecidos.
  • La transparencia: exige de todo funcionario público o funcionaria pública la ejecución diáfana de los actos de servicio y el respeto del derecho de toda persona a conocer la verdad, sin omitirla ni falsearla.

El Consejo Moral Republicano, en el ejercicio de sus potestades de investigación, podrá adelantar una labor de investigación mediante un procedimiento que deberá concluir con una decisión. Dicha investigación tendrá una duración de 30 días continuos, contados a partir de la admisión de la denuncia del acuerdo de investigación de oficio. Sin embargo, el Consejo Moral Republicano podrá prorrogar el referido plazo hasta por un lapso igual, mediante resolución expresa, cuando la complejidad del asunto así lo determine.

El objeto de este procedimiento es constatar la veracidad de los hechos y situaciones, y determinar las responsabilidades a que hubiere lugar. En todo caso, el Consejo Moral Republicano deberá escuchar en audiencia oral y pública los alegatos y defensa de las partes y de cualquier interesado. En todos los actos del proceso se observará rigurosamente el principio de publicidad de los mismos y el más amplio acceso a los medios de comunicación social.

Concluido el lapso para la investigación o de su prórroga, si fuere el caso, el Consejo Moral Republicano dispondrá de diez días hábiles para emitir su decisión, la cual puede consistir, de acuerdo a los resultados de la investigación, en recomendaciones, imposición de sanciones, o el archivo del expediente.

Contra las sanciones impuestas por el Consejo Moral Republicano podrá interponerse recurso de reconsideración, el cual debe ser ejercido dentro de los cinco días siguientes a la notificación. El órgano de expresión del Poder Ciudadano deberá decidir el recurso dentro de un término de diez días continuos al recibo del mismo. La no interposición del recurso establecido, se entenderá de conformidad con la sanción impuesta y, por tanto, esta quedará definitivamente firme y se remitirá al ente correspondiente para su incorporación en el expediente respectivo.

Para estos trámites no se requerirá la asistencia de abogado y, en todos los casos, se respetará la garantía del debido proceso.